EL AUTOEMPLEO es fundamental para la creación de empleo, la innovación y el crecimiento económico del país.

La mayoría de empresas recientemente creadas en España consideran que el apoyo público es muy importante en la constitución y consolidación de empresas. También defienden que estas políticas están poco desarrolladas en nuestro país, existiendo déficit en varios ámbitos, especialmente en financiación, fiscalidad e innovación.

 
La oportunidad se encuentra en crear las condiciones de entorno favorables a la actividad innovadora y emprendedora, superando los obstáculos que impiden o dificultan el nacimiento, consolidación y expansión de empresas. Así como continuar con el proceso de simplificación de la regulación, y establecer un régimen Administrativo para la creación de empresas más favorable.

 
El interés por el apoyo a las nuevas empresas ha cobrado relevancia en los últimos años, a medida que se ha reconocido y documentado el papel que éstas juegan en el conjunto económico. Dentro del grupo de pequeñas y medianas empresas, las más jóvenes destacan por su impacto positivo sobre el crecimiento económico.

 
Se aprecia que las economías evolucionan hacia entornos donde el espíritu emprendedor interviene decisivamente como factor clave de éxito, progreso y aumento del empleo. En la Unión Europea, se ha considerado que, a fin de convertirse en una de las economías más dinámicas y competitivas, Europa debe ser más emprendedora e innovadora.
El artículo 43 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, establece que en virtud del principio de libertad de establecimiento, los emprendedores pueden crear empresas en cualquier país de la UE. Se parte de la situación actual de que las empresas siguen expuestas a unos procedimientos administrativos complejos, largos y poco seguros jurídicamente cuando tratan de acceder a los mercados propios y de otros países de la UE. Para solucionar esta problemática, se legisló con la Directiva Europea de Servicios en el mercado interior. Dicha ley debe de ser adaptada a la legislación de los diferentes países con entrada en vigor antes del 29 de Diciembre de 2009. La Directiva obliga a los países de la UE a simplificar los trámites necesarios para iniciar y desarrollar una actividad de prestación de servicios. Antes de que finalice 2009, las empresas deben poder realizar todos los trámites necesarios, como son los de autorización, notificación y obtención de licencias, a través de ventanillas únicas, a distancia y por medios electrónicos.